El Partido Comunista de Irlanda (PCI), de la Tercera Internacional, a través de su órgano de expresión, The Workers' Republic, presenta un programa para una República de Irlanda.
Este programa no es comunista: instamos a los comunistas irlandeses a que lo retiren y presenten en su lugar un programa genuinamente comunista.
Programa no comunista del Partido Comunista Irlandés
Requiere revisión
(I) La propiedad y el control de todas las industrias pesadas por parte del Estado en beneficio de todo el pueblo.
(2) La propiedad total del sistema de transporte por parte del Estado: ferrocarriles, canales, transporte marítimo, etc.
(3) La propiedad estatal de todos los bancos.
(4) Confiscación de las grandes explotaciones y latifundios sin indemnización a la aristocracia terrateniente, y distribución de la tierra entre los campesinos sin tierra y los obreros agrícolas. Elección de un consejo conjunto representativo de estas dos clases para distribuir y administrar la tierra. Abolición de todas las formas de tenencia y endeudamiento, ya sea con propietarios privados o con el Estado. Cancelación de todas las deudas e hipotecas.
(5) Establecimiento generalizado de la jornada laboral de ocho horas.
(6) El control de las condiciones en los talleres recaerá en un consejo conjunto en el que estén representados los obreros, los sindicatos implicados y el Estado.
(7) Municipalización de todos los servicios públicos —tranvías, luz, calefacción, agua, etc.— y uso gratuito de los mismos por parte de los obreros.
(8) Racionamiento obligatorio de todas las viviendas disponibles y abolición de todos los alquileres.
(9) Prestaciones completas para los desempleados según las tarifas sindicales completas.
(10) Armamento universal de todos los trabajadores, tanto de la ciudad como del campo, para defender sus derechos.
El programa anterior debería modificarse de la siguiente manera:
Programa comunista
(1) La supresión del Dáil Éireann y de los actuales órganos de gobierno locales.
(2) La convocatoria de los sóviets (consejos obreros) integrados por los trabajadores de la industria, del campo, del transporte y la distribución, y del servicio doméstico, con el fin de organizar, mediante el esfuerzo cooperativo, la labor práctica de mantener en funcionamiento la sociedad y la satisfacción de las necesidades del pueblo. La jornada laboral la decidirán quienes realicen el trabajo, de acuerdo con las necesidades y sus preferencias.
(3) La abolición de toda propiedad privada de la tierra y de los medios de producción, distribución, transporte y comunicación.
(4) Cierre de los bancos y abolición del dinero.
(5) El uso libre por parte de todos de los productos y bienes comunes, según las necesidades y los deseos de cada uno. En caso de escasez, el racionamiento equitativo de lo que sea escaso, dirigiendo el esfuerzo común a superar dicha escasez para que el racionamiento pueda cesar.
(6) La erradicación del desempleo, el parasitismo y el exceso de trabajo, mediante la participación de todos los miembros de la comunidad en la realización de una parte del trabajo necesario para la comunidad.
(7) Acceso universal a todos los centros e instituciones educativas, así como su gran ampliación y desarrollo.
(8) La construcción de una ideología y unas formas de vida comunistas, así como la abolición de todas las formas de compra, venta e intercambio de bienes y servicios: una gran tarea en la que la experiencia rusa ha fracasado en gran medida.
(9) La preparación de Irlanda para mantenerse sin relaciones con los gobiernos capitalistas ni con el comercio capitalista, y para perdurar como una comunidad autónoma y autosuficiente hasta que los pueblos de otros países se conviertan al comunismo. Dicho aislamiento es inevitable para un país que se vuelve comunista, ya que el capitalismo no ayudará a mantener una comunidad comunista.
Animar a los comunistas de otros países a que traigan a Irlanda las materias primas y los productos manufacturados de los que pueda carecer, y a que presten también su ayuda personal si fuera necesario.
Preparación y equipamiento de la Mancomunidad Comunista para hacer frente a ataques tanto externos como internos.
En qué es deficiente el programa del PCI
Al demostrar las deficiencias del programa del PCI para una República irlandesa (una República Obrera, pues ni siquiera el propio PCI puede llamarla así), conviene señalar, ante todo, que dicho programa no contempla la abolición del capitalismo ni de la propiedad privada de la tierra, aunque todos los comunistas coinciden en que los trabajadores no pueden emanciparse dentro del sistema capitalista. El programa es, por tanto, puramente reformista y no difiere sustancialmente del del Partido Laborista británico.
¿Es un programa de Moscú?
Debe señalarse que el PCI trabaja en estrecha colaboración con el CPGB (Partido Comunista de Gran Bretaña), cuya sede se encuentra en Covent Garden. Surge, por tanto, la cuestión de si este programa reformista y deficiente es un producto redactado apresuradamente y sin la debida reflexión por el Partido irlandés, o si se trata de un producto de Moscú, elaborado con el propósito deliberado de alinearse con los partidos reformistas a cualquier precio. Todos los comunistas firmes y bien informados que aún permanezcan en la Tercera Internacional deberían prestar seria atención a este problema.
¿Un plan fabiano?
Las propuestas relativas a la propiedad y gestión de la industria siguen líneas auténticamente fabianas. Aparecen en las cláusulas 1, 3, 5, 6, 7 y 9. Debe señalarse que, según este plan, el Estado seguiría existiendo, como en la actualidad, y sería propietario de las industrias pesadas y de los ferrocarriles, canales, navegación y otros medios de transporte. El municipio sería propietario de los trenes, la luz, la calefacción, el agua, etc. Puesto que se afirma específicamente que habría uso gratuito de estos servicios, entendemos que estos servicios, pero no otros, serían proporcionados gratuitamente.
¿Se pretende que el pago por los servicios municipales «de uso gratuito» se realice mediante los impuestos municipales (rates), al más puro estilo fabiano? Lo más probable es que así sea, ya que el dinero seguiría existiendo; basta observar la disposición sobre la propiedad estatal de todos los bancos en la cláusula 3 y las escalas salariales sindicales en la cláusula 9.
La vivienda, aparentemente, pasaría a estar bajo control estatal o municipal, pues la cláusula 8 establece: «Racionamiento obligatorio de todas las viviendas disponibles y abolición de todos los alquileres».
La construcción inmediata de viviendas gratuitas que satisfagan las necesidades y respondan a los deseos del pueblo debería añadirse, sin duda, a cualquier lista de consignas; pues el racionamiento de las viviendas existentes nunca podría producir resultados satisfactorios.
La empresa privada sigue existiendo
Ciertamente, el suministro de alimentos —la primera necesidad esencial de la humanidad— y aparentemente también el de ropa y muchos otros artículos de primera necesidad continuarían siendo una fuente de beneficios privados bajo este vago programa de medidas a medias.
Así, en esta República del PCI tendríamos, igual que ahora, a la empresa privada encargándose de unas necesidades, al Estado de otras y al municipio de otras. Algunos de estos servicios se prestarían sin un pago directo, como sucede actualmente con el mantenimiento de las carreteras, el alumbrado público y el servicio de bomberos, y como sucede con el agua, por la que quienes tienen las contribuciones municipales incluidas en el alquiler no se dan cuenta de que se abona una contribución aparte, una contribución que, dicho sea de paso, está aumentando considerablemente.
Según el plan del Partido Comunista de Irlanda, el Estado y los municipios podrían proporcionar más servicios que en la actualidad, pero el capitalismo privado seguiría existiendo, y con él las clases sociales y las desigualdades sociales actuales.
La falacia del control obrero bajo la propiedad capitalista o estatal
La cláusula 6 establece que el control de las condiciones de trabajo en los talleres debería corresponder a consejos mixtos formados por los obreros, los sindicatos implicados y el Estado.
Esto es un batiburrillo tomado del «compromiso» ruso y de una multitud de programas reformistas de retoques parciales. Reconoce el conflicto de intereses de los trabajadores frente al Estado, y también frente a los sindicatos. ¿Cómo puede justificarse la existencia de los sindicatos si no representan adecuadamente a los obreros? ¿Qué necesidad tendrían los obreros de otra representación si ellos mismos formaran los sindicatos y si estos los representaran adecuadamente? ¿Qué se quiere decir aquí con el término «obrero»? Suponemos que aquí se hace referencia a los obreros efectivos de los talleres, reunidos en consejos de taller según el modelo soviético. En nuestra opinión, tales sóviets o consejos, vinculados industrial y nacionalmente, deberían sustituir tanto a los sindicatos como al Estado.
El sistema de control de los talleres por representantes de los obreros, del Estado y de los sindicatos, en las industrias de propiedad estatal, no concedería a los propios obreros más libertad ni más control efectivo que los Consejos Industriales Mixtos Whitley de patronos y empleados.
En último análisis, cualesquiera que sean las promesas hechas sobre el control obrero de la industria, estas carecen de valor mientras la propiedad real y el dominio de los recursos económicos permanezcan en manos del patrono privado o del Estado; en este caso, lo único que se propone es el control de las condiciones del taller. Controlar las condiciones del taller mientras un patrono controla los salarios y las finanzas es una imposibilidad práctica. Los obreros italianos que aceptaron un compromiso tan carente de valor como precio por evacuar las fábricas metalúrgicas descubrieron, a costa suya, que el control del taller bajo un patrono no merece la pena ser aceptado.
Los comités de producción en tiempos de guerra y los Consejos Whitley deberían sin duda haber enseñado esta lección.
El mantenimiento del sistema salarial
La existencia del dinero y del sistema salarial, que se pretende mantener (véase la cláusula 9), implica inevitablemente salarios desiguales, una jerarquización conforme a las actuales normas burguesas y una remuneración inferior para el obrero manual y para el llamado trabajador no cualificado.
La coexistencia de la industria capitalista y de todas sus ramificaciones determina, dentro de estrechos límites, la remuneración y la condición del trabajador asalariado empleado en las empresas estatales y municipales. Todo el mundo sabe que el hombre cuyo salario es pagado por un empresario privado protesta, como contribuyente y pagador de impuestos municipales, contra cualquier aumento considerable de los salarios de quienes trabajan en los servicios estatales y municipales.
El nivel al que aspiran los redactores del programa del PCI puede juzgarse por la reivindicación de la jornada de ocho horas contenida en la cláusula 5 y por la de la cláusula 9: «Prestaciones completas para los desempleados según las tarifas sindicales completas». Las cosas cambiarían muy poco si estas propuestas se llevaran a la práctica.
Los campesinos y la tierra
La situación de los trabajadores del campo se aborda en la cláusula 4:
«(4) Confiscación de las grandes explotaciones y latifundios sin indemnización a la aristocracia terrateniente, y distribución de la tierra entre los campesinos sin tierra y los obreros agrícolas. Elección de un consejo conjunto representativo de estas dos clases para distribuir y administrar la tierra. Abolición de todas las formas de tenencia y endeudamiento, ya sea con propietarios privados o con el Estado. Cancelación de todas las deudas e hipotecas.»
Esta cláusula muestra una imitación servil del método ruso, pero el resultado de su aplicación en Irlanda tendría necesariamente que ser menos satisfactorio que lo que ha sido en Rusia. La división de toda la tierra de Irlanda seguiría dejando insatisfecha el hambre de tierra de los irlandeses. Rosa Luxemburgo fue, quizá, la primera de sus verdaderas partidarias en lanzar un ataque definido contra la política agraria de los bolcheviques en el momento de su toma del poder en octubre de 1917. Fue durante el verano de 1918 cuando Rosa Luxemburgo escribió la crítica de la Revolución rusa y de la política bolchevique contenida en ella, que recientemente fue publicada por entregas en Workers' Dreadnought y que nosotros publicaremos próximamente en forma de libro. Rosa Luxemburgo expresó allí la opinión de que la política de dividir la tierra de Rusia en pequeñas explotaciones campesinas, cuyos productos cada campesino poseería y vendería privadamente, sería desastrosa para la Revolución y crearía para el comunismo, en lugar de unos pocos grandes oponentes, millones de pequeños enemigos.
Los hechos han dado la razón a Rosa Luxemburgo en su oposición al proyecto, en innumerables aspectos.
Ossinski, comisario ruso de Agricultura, informó en los siguientes términos al Noveno Congreso Panruso de los Sóviets en 1921: «Nuestros campesinos —dijo— están realizando por todas partes los esfuerzos más colosales para aclarar sus relaciones con la tierra y con sus vecinos, para acabar con la confusión que —debemos reconocerlo francamente— la Revolución no ha reducido, sino que ha aumentado, porque nuestras redistribuciones de 1918-1919 no establecieron ningún régimen regular de organización de la tierra. Hacerlo estaba más allá de nuestros medios y, como resultado, seguimos teniendo una dispersión terrible de parcelas alargadas, un estrechamiento de las parcelas, continuas divisiones y subdivisiones, y una completa inestabilidad de las relaciones agrarias».
El profesor Max Sering, de la Universidad de Berlín, observa que la Revolución de 1917 sirvió en realidad para acelerar la transición que ya estaba teniendo lugar en Rusia desde la propiedad comunal de la tierra campesina hacia la propiedad privada de la tierra. La legislación zarista de Stolypin de 1906 y 1910 ya había debilitado la propiedad comunal a través de la comuna rural; la primera ley agraria de la Revolución, aunque proclamaba la socialización de la tierra, estableció de hecho la pequeña propiedad campesina. Es cierto que la Revolución aceleró la disolución de los grandes latifundios y amplió la extensión de tierra en manos campesinas. En las treinta y seis provincias de las que se dispone de estadísticas, los campesinos poseían el 80 % de la tierra utilizable; ahora poseen el 96,8 %.
En las 29 provincias de las que se dispone de datos, la tierra por habitante en manos de los campesinos ha aumentado de 1,87 desiatinas a 2,26 desiatinas desde la Revolución.
Cabe señalar que no es sólo en Rusia donde, desde la Guerra y la Revolución rusa, la tierra ha ido pasando de los grandes propietarios de latifundios a los pequeños propietarios campesinos. Una revolución agraria de una magnitud sin precedentes ha recorrido toda Europa oriental y la Europa intermedia, con la excepción de la Antigua Serbia y la Austria alemana. Al estallar la guerra, entre el 10 y el 20 % de la superficie sembrada de Rusia era trabajada en grandes propiedades, pero en la Antigua Rumanía el 47 % de la tierra era explotada por grandes latifundios antes de la guerra, y ahora solo el 8 % lo es.
Dondequiera que la pequeña explotación ha sustituido al gran latifundio, la producción ha disminuido, especialmente la de cereales y la de cultivos utilizados con fines industriales, como la remolacha azucarera, el algodón, el cáñamo, el lino y las plantas oleaginosas.
La meseta del antiguo Imperio ruso y las tierras por las que discurre el Danubio fueron, hasta la Guerra, los graneros de Europa. La exportación de productos alimenticios básicos, harina, cebada, avena y maíz procedente de Serbia y Austria-Hungría, Rumanía y Bulgaria ascendió en 1912, después de deducir las pequeñas importaciones, a 104,7 millones de quintales métricos; 71,7 millones de quintales se dirigían a los centros industriales de Gran Bretaña, Holanda, Alemania y Bélgica. Las exportaciones de Europa oriental en 1921 fueron solamente una vigésima parte de las anteriores a la guerra, a saber, 5,4 millones de quintales. Este excedente exportable procedía de los países del Danubio y estaba compuesto enteramente por maíz, avena y cebada. En cuanto a los productos alimenticios básicos (trigo, harina de trigo y centeno), Europa oriental tiene ahora que comprar más de lo que vende. Estonia y Letonia, que antes eran exportadoras, se han convertido en países importadores. Polonia también importa, aunque ha incorporado los dos antiguos territorios alemanes productores de excedentes, Prusia Oriental y Posnania. La balanza del comercio de cereales también es desfavorable para Austria y Hungría; Yugoslavia y Rumanía son los únicos países con exportaciones dignas de mención, y las exportaciones de todos ellos se han reducido considerablemente. La exportación de trigo de la Gran Rumanía en 1921 fue de solo 0,76 millones de quintales, la mitad de la de la Antigua Rumanía (1,37 millones de quintales), aunque la Antigua Rumanía tenía solo dos tercios del tamaño de la Gran Rumanía. La guerra y la sequía han sido en gran medida responsables de las cosechas reducidas, pero solo explican parcialmente la contracción, que es grande incluso en zonas que no han sufrido la guerra ni la sequía, pero que han pasado a estar divididas en pequeñas explotaciones campesinas.
Dondequiera que aparece la pequeña explotación campesina, los campesinos tienden a producir una diversidad de bienes para su propio consumo, haciéndose así, en la medida de lo posible, autosuficientes y sin preocuparse por el mundo exterior. Esta tendencia debe verse necesariamente reforzada en estos tiempos de inestabilidad monetaria. El señor Ernest Spitz, director de la Compañía Exportadora de Azúcar Checoslovaca, de Praga, dice:
«La reforma agraria en la que nos hemos embarcado, y que al final dará lugar a la fragmentación de los grandes latifundios, suscita el temor de que ni siquiera la superficie actualmente reducida dedicada a la remolacha azucarera se mantenga en el futuro. La fragmentación de los grandes latifundios probablemente dará lugar más a una disminución que al esperado aumento de la producción agrícola. El campesino se inclina a cultivar otros productos distintos de la remolacha, pues esta exige una cantidad excesiva de trabajo. Los grandes terratenientes la cultivaban porque ellos mismos eran propietarios parciales de las fábricas de azúcar.»
El gran terrateniente no realiza esa cantidad excesiva de trabajo; paga a jornaleros para que hagan la labor. El pequeño campesino propietario solo cuenta consigo mismo y con sus hijos: es natural que rechace «una cantidad excesiva de trabajo» cuando existen otros medios más fáciles de asegurar su subsistencia.
Los campesinos con sus pequeñas explotaciones no pueden permitirse los medios de ahorro de mano de obra de que disponen los productores a gran escala; tampoco pueden costear el drenaje y otras mejoras necesarias.
Una autoridad polaca declara:
«En toda Polonia, las pequeñas explotaciones producen entre un 10 y un 15 por ciento menos que los grandes latifundios... En las regiones fronterizas orientales la diferencia es aún mayor...
La dificultad de importar el ganado y los aperos necesarios para la creación de muchos miles de nuevas explotaciones es actualmente muy grande, y sin duda ha frenado la demanda de los campesinos de una redistribución inmediata de todo el fondo de tierras de acuerdo con el plan original.»
Aunque se dice que los campesinos rusos consiguieron el 80 por ciento del equipo agrícola cuando se disolvieron los grandes latifundios, ese equipo, por supuesto, perdió gran parte de su utilidad al pasar a ser distribuido entre un gran número de pequeños propietarios, aun cuando estos pudieran prestárselo unos a otros. En 1921, la necesidad mínima de las aldeas rusas era de tres millones de arados nuevos y la reparación de otros tantos, además de más de un millón de sembradoras y cientos de miles de gradas, rastrillos y otros aperos; no se había satisfecho ni siquiera el 20 por ciento de esa necesidad.
Pero volvamos a Francia, donde la pequeña propiedad tiene una larga tradición. El 3 de noviembre de 1913 había en toda Francia, excluyendo Alsacia-Lorena, 7.520.922 propietarios de 13.444.226 propiedades agrícolas; el 33,09 % de los cultivadores eran propietarios que trabajaban sus propias tierras, el 45,77 % eran asalariados y el 21,74 % eran eran agricultores que no obtenían un salario. Compère Morel, antiguo Alto Comisario de Agricultura, escribió en el estudio de reconstrucción de Manchester Guardian:
«Nuestra producción agrícola ha permanecido estancada durante treinta años, mientras que en el mismo período se ha aproximadamente duplicado en Bélgica, Dinamarca, Holanda, Hungría, Suiza y Alemania...
Nuestros cultivos de cereales tienen un rendimiento medio de 12,5 quintales por hectárea; los de Alemania, 21,6; los de Dinamarca, 22,9; y los de Bélgica, 25,2. La desproporción es aún mayor en el caso de las patatas: Francia, 80,6 quintales por hectárea; Hungría, 272; Dinamarca, 296; Holanda, 307; Alemania, 307,4; Bélgica, 514,1.»
Si el deseo de la humanidad es cultivar en pequeñas parcelas separadas, en lugar de hacerlo en grandes explotaciones cooperativas, bien está; la sociedad debe satisfacer esa necesidad. Pero que no se piense que dividir la tierra en pequeñas explotaciones, de propiedad privada, trabajadas privadamente, con sus productos vendidos privadamente en competencia, es una solución más fácil y práctica que la de la propiedad común de la tierra y su trabajo colectivo en grupos, con la ayuda de todos los recursos de la comunidad para cualquier desarrollo que requiera un esfuerzo especial.
Mientras los productos de la tierra tengan que ser comprados y vendidos, no puede existir el comunismo, ni siquiera el socialismo de Estado. Mientras el dinero siga circulando y puedan obtenerse beneficios mediante el comercio, los males del capitalismo permanecerán y no dejarán de crecer. ¿Acaso no hemos visto en Rusia el retorno de las viejas costumbres bárbaras: la herencia, la legislación sobre patentes, la renta, el interés y el beneficio, y todos los demás métodos capitalistas de gestionar mal la producción y la distribución, y de rodearlas de trabajo inútil?
¿El parlamento o los sóviets?
Obsérvese además que el Estado al que se refiere el programa del PCI —que sería propietario de las industrias pesadas y concedería a los obreros una participación en el control de los talleres— seguiría siendo el Estado capitalista. Seguiría siendo el Estado capitalista porque el capitalismo permanecería y porque estaría organizado del mismo modo que el Estado capitalista está organizado hoy: a través del Parlamento, bajo el nombre irlandés específico de Dáil Éireann.
Obsérvese que el programa del PCI no menciona en absoluto a los sóviets, considerados uno de los puntos esenciales del programa de la Tercera Internacional en el momento de su fundación.
Sylvia Pankhurst
Workers' Dreadnought, vol. 9, n.º 26, 9 de septiembre de 1922